Gobierno atenta Derechos Laborales.
El sistema neoliberal que gobierna el país viene privilegiando al gran capital y desprotege a los trabajadores. Prueba de ello es la emisión de este decreto antilaboral a pedido de la CONFIEP, que está interesado en generar más lucro, sin tomar en cuenta el sufrimiento y las necesidades del pueblo; con esta ley del embudo que generará más desempleo y hambre; pretende financiar la lucha de la pandemia COVID-19, al suspender sus remuneraciones.
Los alcances de este dispositivo legal son aplicables a los trabajadores que laboramos en ESSALUD; asimismo, el artículo 4 de la misma normativa indica que los trabajadores del grupo de riesgo por edad o factores clínicos también están incluidos en esta medida, es decir, dejar sin remuneraciones a este importante grupo de trabajadores; por lo que denunciamos estos actos atentatorios se concluyen con un despido disimulado.
Que no sea la pandemia del desempleo, por ello responsabilizaremos al gobiernos por las consecuencias a causa de la emisión de este decreto lesivo que causa una desesperación lógica en las personas que están en cuarentena, que exigirán e invadirán las calles para retomar a sus labores en sus centros de trabajo con la consecuente contaminación y afectación a la salud con el COVID-19 de estos mismos trabajadores en condición de riesgo.
A la señora Presidente Ejecutivo de ESSALUD le exigimos el cumplimiento de compromisos asumidos y cumpliendo con su palabra ejecute los puntos pendientes, para proteger y cubrir las necesidades de los trabajadores (pago de la escala salarial, proceso de promoción, cumplimiento de la Ley N° 30931 CTS para los compañeros de la 276, cumplimiento de la Octogésima Novena de la Disposición Complementaria de la Ley N° 30372 sobre el pago de las 10 RMV para los trabajadores que cesaron, solución a la brecha negativa de personal) y la implementación de otras formas de trabajo como el teletrabajo y el trabajo remoto que se hace factible en diversas áreas de EsSalud.
De manera prioritaria y fundamental EXIGIMOS la dotación de los Equipos de Protección Personal al 100% y alimentos, el pago del bono flat COVID-19, cumplimiento de protocolos de bioseguridad y condiciones de trabajo adecuadas, a todo el personal que viene laborando en los centros asistenciales del país, incluidos los trabajadores tercerizados porque de acuerdo a la ley el empleador principal, es el responsable de la seguridad de los trabajadores que están en esta modalidad.
EXHORTAMOS al Congreso de la República, la derogatoria de este nefasto decreto de urgencia, porque estamos convencidos que la reactivación económica tiene que ir conjuntamente con el respeto al sagrado derecho al trabajo y cumplimiento de los derechos laborales.